“Derecho Penal del Enemigo” en la concepción de Luis Gracia Martín

Escrito mensual correspondiente al mes de abril 2022.

Por Charline Henríquez. Politóloga.

La primera apreciación que se debe tener en cuenta a razón del “Derecho Penal del Enemigo” es que se establece como un corpus penal nuevo para delitos cognitivos en contra de la sociedad y sus directrices legales. Por ello existe una diferencia con el “Derecho Penal Civil”, es decir, que como criterio general se debiese considerar que el “Derecho Penal del Enemigo” concibe relación con aspectos ideológicos, teniendo en cuenta su carácter político-criminal indicado por Jakobs, aunque de un modo muy difuso en 1985.

La experiencia histórica demuestra que el uso de este “Derecho penal del Enemigo” ha tendido a ser utilizado en regímenes políticos totalitarios, donde la denotación y estigmatización hacia un individuo, considerado como criminal enemigo”, el disidente, el contrario y el discrepante, que no son estremecidos por jurisprudencias civiles, más bien son consignados por ciertos dispositivos de guerra. Cabe destacar que, en regímenes totalitarios, aquel derecho penal es la legislación de guerra contra enemigos, por ello, para Gracia, este tipo de derecho, el “Derecho Penal del Enemigo”, no puede ser considerado como derecho, ya que solo provee penas condicionadas por mecanismos de coacción.

Debido a esto, se considera problemático concebir este tipo de derecho en sociedades democráticas que se afirman como defensoras de los derechos y libertades individuales y que depositan el poder en un auténtico Estado de Derecho, ya que no es lo mismo un Estado de Derecho que el Estado con Derecho.

 Se debe tener en cuenta a que refiere el tildado “enemigo”, en términos general, enemigo es aquel que no se puede considerar como persona, es más, deja de ser una persona, y solo constituye un individuo. Cabe mencionar que se es persona solo si es respetuoso de un código civil, de este modo, aquel que incurra en  infracciones de  ciertas conductas establecidas para la convivencia social es procesado por el “Derecho Penal Civil”, en cambio, aquel denominado como individuo o enemigo, solo se puede tratar como aquel que no acepta las consideraciones sociales de convivencia y por ello, no debe ni merece ser contenido en aquella legislación, ya que esta solo prevé delitos.

Aquel derecho penal del enemigo concibe su significación por medio de un juicio de valor ideológico, en torno a quién es considerado como enemigo y quién debe y puede establecer esa valoración para aquellos individuos. Este tipo de código penal se debe comprender además como los códigos en los cuales el Estado forja y considera todos los recursos y herramientas para que pueda ejercer coacción sobre los individuos que no estén a favor del contrato social, en el cual el individuo es reconocido como persona y se constituye como ciudadano. Por ello, la idea de un enemigo o de un individuo renegado, rebelde y discrepante, debe ser extinguido de los rincones legales de la jurisdicción ordinaria, debe constituirse un cierto corpus legal exclusivamente para exterminar y aniquilar cualquier existencia de sublevación de ciertos individuos que no acepten el imperio legal de directrices de convivencia y propiedad.

Existen ciertas características del “Derecho Penal del Enemigo”, en la cual se renuncian a las garantías materiales y de normalidad, que son propios del derecho penal civil, ya que en estas circunstancias las reglas y principios del Derecho Penal del Enemigo se configuran como instrumentos adecuados para prevención del peligro que representa el enemigo, el cual solo debe ser extinguido y no reintegrado a la sociedad.

Para ello existen ciertas características que nos permiten identificar las premisas del “Derecho Penal del Enemigo”: en primer lugar, son aquellos tipos penales que anticipan la punibilidad a actos futuros, es decir, abocados a la prevención de delitos. Además se aprecia que la amenaza ya no es la comisión de hechos delictivos ordinarios, más bien, está posibilitada  por la pertenencia a organizaciones que operen fuera del Derecho; en segundo lugar, está la desproporcionalidad de las penas, ya que el juicio no iría acompañado de una reducción de la pena, y además el hecho individual de su acto delictivo será agravado si este es partícipe de una organización que realice ejercicios delictivos; en tercer lugar, se toma en cuenta el caso alemán donde el Derecho Penal del Enemigo considera numerosas leyes que abiertamente son “leyes de lucha o de combate”, lo que representa un paso de la “legislación penal a una legislación de combate”; en cuarto lugar, se encuentra una aspecto exclusivamente que identifica el “Derecho Penal del Enemigo” el cual es la restricción de garantías y derechos procesales de los imputados; en quinto lugar, están las regulaciones del Derecho penitenciario, donde se observa exponentes típicos del “Derecho Penal del Enemigo” en las cuales cabe mencionar el endurecimiento de las condiciones de clasificaciones de los internos, las que limitan los beneficios penitenciarios, o las que amplían los requisitos de la libertad individual.

Cuando Gracia explica por qué el Derecho Penal del Enemigo afecta el estatus de las personas en tanto ciudadanos, este se refiere a la diferencia que expresa Jakobs, que establece que los enemigos, no pueden ser reconocidos como ciudadanos, esto lo argumenta por medio de su distención entre un derecho penal del enemigo y un derecho penal del ciudadano —cabe destacar que son tipos ideales porque en los dos códigos se pueden apreciar ciertos nexos legales de uno y de otro, es decir, el primero considera elementos del segundo y viceversa—. Sin embargo, el derecho penal del ciudadano sanciona delitos de índole incidental en las cuales se infringen aspectos de las relaciones sociales de las cuales son participes los ciudadanos, como sujetos -literalmente-, vinculados al y por el Derecho. Por ello cuando existen estas infracciones, el Estado no considera el delito del ciudadano como un delito en el cual se puedan corromper los lazos sociales que constituyen la ciudadanía, más bien, son ciertos roces o impases en los que el ciudadano es una persona que daña ciertas apreciaciones de la norma, pero no por ello es un enemigo, más bien su conducta en el código civil. Por este motivo, su juicio es un juicio penal equilibrado donde no existe  ni se promueve desde ningún punto de vista la coacción, porque este individuo que es un ciudadano, solo erró en su accionar cotidiano pero no quiso extinguir el cotidiano, es decir, particularmente y en términos muy débiles, expresó o se contaminó de una especie de enfermedad que lo permeó para corromper aquellos aspectos cognitivos que se asemejan en la ciudadanía.

Aquellos que son denominados enemigos, son diferentes de los que gozan del título de súbdito de ciudadano, estos son individuos que han cometido un hecho delictivo. Además, demuestran en su actitud, en su vida económica o mediante su ingreso a una organización alejada del derecho, y que no garantizan la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento individual, esto refiera a que el individuo no se comporta en torno al cálculo conforme a las expectativas de las normas de la sociedad. El fin, el Derecho Penal del Enemigo es la seguridad cognitiva, por ello la producción de condiciones que eliminen la garantía de poder será tratado como personas. Este derecho es la exclusión de los enemigos, por ello la pena se dirige al aseguramiento frente a hechos futuros y no a la sanción de hechos cometidos.

Por ejemplo, para el caso de la pérdida de clasificación como persona y un mero individuo es posible observarlo en las condiciones a las que son sometidos los que son apresados en los muros del poder judicial, a aquellos que no se consideran dentro del imperio de las leyes, es decir, de los que no se consideran sumidos a las leyes de sociabilidad generales esparcidas en la sociedad, como conductas de comportamientos y ciertos valores que arguyen la idea de un “buen ciudadano”. A estos individuos que no son personas, porque además según los poderes judiciales conforman ciertos círculos terroristas que atentan contra una cierta paz social, en la cual se expresa el eufemismo del ciudadano. Se torna complejo poder determinar lisa y llanamente que alguien no es persona y es un individuo solo por no ser partícipe de un tipo de sociabilidad. Hay tener en cuenta que la democracia es totalitaria y se concibe como el gobierno de la mayoría, es decir, ya ni siquiera es posible considerar personas, más bien solo sujetos, sumidos a un tipo de régimen político. Aquel individuo enemigo solo es la representación de la antítesis de la pasión que ha sido excluida de la sociedad. La dicotomía que se observa en los códigos penales anteriormente mencionados es la configuración de juicios de valores entorno a que, y quien es el enemigo, y además para quien, y porque es el enemigo, aquel ciudadano solo es súbdito de quienes son beneficiados por aquel orden en el cual está sumido.

Los que son denominados enemigos, son aquellos que participan o componen organizaciones que se sitúan por medio de relaciones ilegítimas y por fuera del derecho civil, y que están dedicadas a actividades abiertamente delictivas. Este es el caso de grupos u organizaciones terroristas, que incurren en la habitualidad, reincidencia y una vasta profesionalidad delictiva.  Ahora bien, la negación del orden político, jurídico y social en el cual habita la sociedad y de su modelo de sociabilidad es lo que constituye la figura del enemigo, ya que este no pretende ser parte de aquel corpus, más bien determina que no pertenece a este y extrapola sus ideas a conjeturas de cambios y mejorías en aspectos valóricos que este apremie. Promoviendo de modo implícito y explícito a la destrucción de este orden del cual ya no son parte o más bien no quieren formar parte. Por ello se confrontan con aquel orden y son particularmente peligrosos para el entramado social sobre el cual la paz y sus reglas de convivencia prevalecen, por ello aquel enemigo, aquel hombre, al momento de ser sometido al imperio de leyes que posee el Estado no es ni debe ser considerado en el “derecho Penal del Ciudadano”, ya que aquel reniega de esta concepción de justicia, entonces como ser apremiado por aquel orden legal, para este tipo de individuo el Estado debe y puede utilizar herramientas que apunte a la extinción de estos rasgos delictivos, que pueden y apunta a la disrupción en las directrices sociales. El enemigo, que se concibe en este “Derecho Penal del Enemigo, tiene bastante relación la estigmatización de un enemigo interno y debe ser combatido no con las mismas normas que un ciudadano, que no debe ser extinguido, más bien se debe reformar y posibilitar su reinserción en la sociedad.

Se ha mencionado anteriormente la problemática de cómo se puede concluir en que aquel ciudadano no puede seguir conservando su estatus de ciudadano, y solo debe ser reconocido como un individuo, como un hombre. Esto tiene que ver con que aquel individuo que es denominado como hombre porque no posee y no ofrece ciertas garantías cognitivas mínimas para ser tratados como personas, es decir, si bien ya se puede diferenciar entre un ciudadano y un hombre, se pudiese también denominar a aquel como un animal, ya que si no es posible considerarlo como persona, teniendo en cuenta que para este carácter existen ciertas normas de sociabilidad con el otro, aquel que no pudiese ser denotado en estas relaciones es un animal. Para este argumento se debe considerar la diferencia entre estado de naturaleza y Estado de Derecho. En términos generales la diferencia que se expresa en esta consideración es bajo la posibilidad de que cualquiera que esté a lado de otro, en un estado de Naturaleza, es un enemigo, incluso, aun cuando este no se declare hostil ante otro. En un Estado de Derecho esta problemática es subsanada en el imperio de leyes que promueven la convivencia de todos, y considera normas de justicia cuando se infringen aquellas restricciones de convivencia. 

La previa identidad de ciudadano se extingue, se difumina en la idea del delincuente, pero de aquel que se constituye un tumor canceroso que debe ser eliminado del cuerpo político, que son atendidos como enfermedades endémicas del sistema social, por ello es inconcebible que aquel que pierde su condición de persona y ciudadano, sea tratado como uno cuando este no ha posibilitado en su cognición subjetiva el respeto por la sociedad y sus componentes. Entonces si este no se ha aceptado ni se ha sometido a estas directrices, no debiese ser procesado por juicios en los que el derecho ordinario interviene salvaguardando la condición de ciudadano.

Si bien el “Derecho Penal de Enemigo” establece que existen no-personas, entonces pareciera que es el propio derecho mencionado el que configura esta nomenclatura, por ello los enemigos y no-personas debiesen estas identificados antes de la aplicación de ese ordenamiento, en el caso que esto no fuese posible, no es posible empero que se utilice el derecho penal del enemigo, ya que no existe una referencia concreta de quien es el enemigo o no-persona. De este modo el enemigo o el hombre, que ya no es persona, debiese ser identificado por medio de un proceso penal que está adjudicado por el imperio de leyes del “Derecho Penal Civil”. La problemática que surge en este ápice es que si se considera que el proceso para probar que el ciudadano ha infringido  los patrones de sociabilidad, solo se puede comprobar y probar por medio del derecho civil, por ello el ciudadano goza de los derechos de ciudadano y las garantizas del Derecho penal del ciudadano y por ellos es posible considerar la garantía de la presunción de la inocencia, solo si es posible argumentar que aquel ciudadano ha sobrepasado los límites de las normas o leyes se puede  juzgar a este como un enemigo, entendiendo que sus infracciones son reiteradas y habituales y además pertenece a una organización terrorista, o que se situé fuera de la legalidad.

Bibliografía 

–              Gracia, Luis. (2005). El horizonte del finalismo y el derecho penal del enemigo. Santiago: Tirant lo Blanch.

–              Hobbes, Thomas (2016). Leviatán. Scotts Valley: Createspace Independent Publishing Platform.