Motivos de Seguridad militarizada en La Araucanía (Wallmapu) en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera

Por Cristopher Ferreira Escobar. Politólogo.

Resumen

El siguiente trabajo tiene por objetivo analizar el discurso presidencial referido a la Araucanía, el cual explicita los motivos para viabilizar la militarización en dicha zona. Para avanzar en dicho cometido, lo primero es evidenciar los enunciados en diferentes medios de comunicación con el fin de identificar sus claves y sentidos. En segundo lugar, caracterizamos el punto económico que reside en el sector del conflicto, constatando la posición empresarial. Por último, comparamos la situación de esa zona con otras a fin de caracterizar vulnerabilidades y líneas de acción discrepantes.

La conclusión principal indica que la acción gubernamental no se centra en las comunidades afectadas ni en el establecimiento del orden y de la paz, atacando los elementos de terrorismo, narcotráfico y violencia, sino la necesidad de proteger interese empresariales de la zona.

Palabras claves: militarización Araucanía, discurso, acción gubernamental, seguridad ciudadana

Discurso del ejecutivo para la militarización en La Araucanía

El 22 de febrero del año 2021, anunció el Presidente Sebastián Piñera que convocará a diferenciados sectores políticos y sociedad civil a buscar un acuerdo nacional a propósito de los hechos en la Araucanía.

… que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y ola de atentados terroristas que tanto daño le ha causado a tanta gente en las regiones del sur… un grave atentado a nuestro estado de derecho, al orden público, a la seguridad ciudadana y a nuestra democracia (Sanhueza & Pierola, 2021).

Seguido de esta aclaración, el mandatario indicó:

Quiero pedirles a todos, una vez más, que condenemos con total y absoluta firmeza, sin ninguna duda ni ambigüedad, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico. Porque solo unidos, y con firmeza y voluntad, vamos a poder derrotar estos flagelos y recuperar lo que todos queremos: la paz ciudadana, la seguridad de nuestras comunidades, la fortaleza de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia (Sanhueza & Pierola, 2021).

Como se puede observar, el discurso estabiliza los hechos con ciertas significaciones de carácter negativo, como violencia, atentado terrorista y narcotráfico, lo cuales permiten construir una cierta idea de sujetos, objetivando características de manera indirecta a estos. En efecto, sólo un cierto tipo de sujetos hacen transitar dichos hechos.

Siguiendo la idea de construcción del sujeto, muy por el contrario, a lo señalado anteriormente, el ideario mapuche fue edificado por la prensa bajo caracterizaciones directas en el siglo XIX.

Pareciera que lo ocurrido en la Araucanía durante la segunda mitad del siglo XIX… la ocupación militar y la burocracia de La Araucanía no habría tenido el mismo efecto si la prensa no hubiera contribuido con los elementos psicológicos de la amenaza y el miedo, los que contribuyeron de manera significativa a alimentar en la población la desconfianza, el temor y la angustia de ver en las nuevas comarcas al indio salvaje y feroz (Gajardo, 2014, pág. 37).

Respecto a la objetivación directa y particularizada de los mapuches, “como lo hemos demostrado a lo largo de esta investigación, el mundo mapuche del siglo XIX se vio envuelto en un imaginario negativo, lleno de argumentos racistas y confrontacionales (Gajardo, 2014, pág. 21)”.

Otra forma de objetivación de sujetos es su pertenencia a ámbitos. Esta manera no tensiona en atribuciones indirectas (como la utilizada por Piñera) ni directas a los rasgos (como la conquista mapuche en el siglo XIX), sino a sectores varios, como lo económico, salud, educación, etc. Veamos un caso.

Hasta entonces, la ficha CAS era aplicada, procesada y administrada a nivel local por los municipios. Pero a partir de ciertos cambios tecnológicos en el sistema informático, el año 2001 el registro ya estaba en línea y era nacional, lo cual les permitió a los responsables de Mideplan asegurar y ofrecer al Presidente Lagos una identificación acuciosa (un quadrillage) de las familias más pobres. Esta nueva posibilidad técnica de objetivar e identificar a los sujetos en extrema pobreza permitió entonces comenzar a pensar en una nueva forma de intervención (Lasch, 2012, pág. 56).

Como se puede constatar, existen otras formas de figurar un sujeto, una población, etc. Sin embargo, hay un elemento trasversal en estas modalidades, todos ellos son componentes de subjetivación.

En vista de lo expuesto, y continuando con el desarrollo del escrito, estas declaraciones presidenciales nos muestran lo que estaría en juego con esos hechos, lo que sería atetado con sus manifestaciones, sin más, ausencia de paz, daño a la ciudadana, etc., identificando así la contraparte de esas acepciones, aludiendo a su antónimo preciso y directo. Por lo tanto, son estas acciones las que modifican la paz civil y la seguridad de la comunidad.

Otro punto capital es que la característica del problema comporta su solución. La definición de una problemática dentro de un marco referencial de interpretación comporta su salida, pues:

… al afirmar que una cosa es un objeto de intuición no sensible, no solo negamos en forma abstracta uno de sus predicados, sino que invertimos la negación abstracta en una determinación positiva: delineamos el campo de la intuición no sensible como aquel al cual pertenece la cuestión (Zizek, 2017, pág. 50).

De esta manera, y bajo una Ley, la propia definición cobra respuesta ajustada; un problema de narcotráfico no se vigila y comprende desde las Fuerzas Armadas, pero sí un acto terrorista permite viabilidad. Es así como estas declaraciones del presidente fueron culminadas como parte del proceso de definición previa de los hechos, con cinco urgencias legislativas, todas ellas propicias de las definiciones antes observadas:

  1. La ley antiterrorista para que sea “más eficaz y más útil que la que hoy tenemos.
  2. Una ley que permita combatir “con mayor eficacia el narcotráfico”.
  3. Una ley “para proteger mejor nuestra infraestructura crítica”.
  4. Sacar adelante la ley Juan Barrios (su nombre se debe al camionero que murió en marzo del 2020 producto de quemaduras tras un atentado) y que endurece las penas de quema de camiones y buses.
  5. La ley de usurpación de predios “para que las sanciones sean acordes a la gravedad de ese delito. (Sanhueza & Pierola, 2021).

 Ahora bien, el carácter terrorista en Chile, cristalizado en la Ley 18.314, ha sido modificado en varias oportunidades, registrando más de 10 modificaciones. Asimismo, durante el proceso de discusión del parlamento, a Sebastián Piñera le presentaron por parte de abogados de la Biblioteca del Congreso Nacional más de ciento diecisiete definiciones de la palabra terrorismo, lo que permite evidenciar una complejidad en su tratamiento como estabilización. Más allá de estos hechos, la Ley que “tipifica las conductas terroristas es el lugar asignado a la emoción del miedo” (Pincheira, Aniñir, & Veloso , 2019, pág. 362).

En otra instancia, el Presidente de la República señaló nuevas medidas, haciendo más focalizado el tratamiento de la comprensión de los eventos ocurridos. En este contexto, mayor tecnología, mayor equipamiento y modernización de inteligencia fueron ejes centrales de la iniciativa que compromete a más de veinte mil millones de pesos. 

Posterior a la llegada del presidente a la región, señaló que:

Estamos plenamente conscientes del dolor y angustia que han sufrido las familias y los ciudadanos víctimas de la violencia, que al igual que todos los demás chilenos, tienen derecho a vivir en paz, con seguridad y con respeto al Estado de Derecho (Prensa Presidencial, 2021).

Con esta declaración se indica a los sujetos que padecen el problema público. Por lo tanto, en defensa de un cierto grupo reconocible, familia y ciudadanos, ha de ser tomadas las medidas, pues sólo así se revertirá sus dolores y angustian, lo cual va remitiendo constantemente a la emoción.  La solución contiene de entrada una relación causa efecto claro, es decir que el terrorismo, la violencia y el narcotráfico afecta la calidad de vida.

En otra oportunidad, Sebastián Piñera aclaró que “El gobierno está cumpliendo con su deber y mandato Constitucional, estamos usando todos los instrumentos… para combatir la violencia” (Reyes, 2021).  En esta misma línea se profundiza la cuestión:

por eso presentamos una denuncia o querella cada vez que se producen actos que son delitos y que son inaceptables, como por ejemplo los atentados, los sabotajes, los terrorismos que se practican en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco (Reyes, 2021).

Durante la declaración expuso, además:

Le hemos pedido a la Fiscalía que haga todo lo que la ley le permite hacer para poder poner ante la justicia a las personas responsables de estos graves actos de terrorismo, que tanto daño le causan a la gente, no solo de La Araucanía, sino que a todo Chile (Reyes, 2021).

De esta manera continua la pulsión de actuar bajo una causa declarada y objetivada, el terrorismo. En este contexto de declaraciones sobre la comprensión del hecho, se observa una objetivación de las acciones a enfrentar, donde el terrorismo como representación de las diversas manifestaciones toma centralidad. El campo a intervenir denota, como expuse, una solución ajustada a la misma.

El 12 de octubre, y desde el palacio de La Moneda, el presidente toma una resolución, estado de excepción en las regiones de La Araucanía y Bío Bío con el fin de militarizar la región afectada. Este hecho tiene una clara necesidad de “enfrentar con mejores instrumentos el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios” (Felix, 2021). Este anuncio se enmarca en el “Día de la Resistencia Indígena”.

Enseguida indicó: “Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos” (DW, 2021). Además, se pronunció sobre el rol de las Fuerzas Armadas, apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje (DW, 2021).

Aquí se da el punto inaugural de convocar a las FF.AA., las cuales, y por motivos entregados por el presidente, actuarán bajo ejes que se podrían declarar “no militares”, pero estratégicos. Sin embargo, y más allá del enunciado, las FF.AA. representan un dispositivo fronterizo del conflicto. Todo su marco referencial alude a la relación amigo/enemigo. En el imaginario colectivo de la población esto tendría impactos, pues la asociación a la imagen militar indica guerra.

En otra línea, y en alusión a los afectados señaló:

Los habitantes de estos territorios viven en constante temor y con profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos (DW, 2021).

En otra oportunidad, y con fecha del 14 de octubre, el periódico de la BBC News comenta tres aspectos claves de comprensión del conflicto, como también el motivo de envío de las FFAA (BBC News Mundo, 2021), y también importantes alusiones para este análisis.

Piñera señaló que “Son de público conocimiento los graves hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado[1] que cometen grupos armados en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco” (BBC News Mundo, 2021). Sin embargo, y en palabras del abogado Millaleo, “el gobierno alega que el narcotráfico se ha transformado en el primer motor, pero no evidencia sobre eso” (BBC News Mundo, 2021). Hasta la fecha, el gobierno no ha presentado evidencias sobre narcotráfico en relación a los hechos de las zonas afectadas, lo cual pone en tela de juicio una cierta transparencia.

Otro dato según la administración del presidente es que 462 detenidos llevan durante el 2021, correspondiente a 53% de los últimos 4 años. Sin duda es un aumento considerable. Por otra parte, El Mercurio indica que 1475 hechos se han dado en el lugar, representando un 46% más que su año predecesor. Pero aun así, y bajo estas cifras y en estas fechas, no se ha esclarecido culpables por narcotráfico.

El punto económico de la cuestión

 El índice de pobreza según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2020, muestra el porcentaje de pobreza por región, alcanzando 17,4% para La Araucanía, siendo la mayor comparativamente (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021). Ahora bien, el índice viene a la baja desde el año 2006, representando un 48,5% en ese año. Si bien hay un aumento de 17,2% a 17,4% respecto al año 2017, este no es significativo. Un dato relevante es que las fórmulas[2] para obtener índices de pobreza en la CASEN no opera sobre el comportamiento del ingreso dentro del proceso económico, donde se podría concluir el salario real, pudiendo ver la relación ingreso y egreso, entendiendo que el 80% de los hogares en Chile, correspondiente a los primeros 4 quintiles, tienen un ingreso inferior al egreso (Instituto Nacional de Estadística , 2018),  también ver las deuda a bancos por las familias para suplir estas diferencias, el costo de los alimentos, etc. Estos elementos podrían generan un índice de pobreza mayor al que muestra la CASEN.

Según Verónica Figueroa, académica mapuche de la Universidad de Chile, “el modelo chileno descansa en la explotación de recursos naturales, y buena parte de ellos están en la Araucanía” (BBC News Mundo, 2021).

Si bien el 40% de la superficie de la región se encuentra “en poder de grandes empresas” (Gobierno Regional de La Araucanía, 2021), y el 60% en pequeños y medianos productores, no hay que asimilar mayor acaparamiento del mercado de estos últimos. En Chile, las grandes empresas son un 3%, capturan cerca de un 80% (Ministerio de Economía Fomento y Turismo (ELE-5), 2019) y exportan sobre un 90%.

En cuanto a las forestales, dos grandes empresas en Chile controlan el 70% del mercado forestal, el grupo Matte de la forestal CMPC (uno de los principales grupos forestales de Latinoamérica y cuarto proveedor de celulosa a nivel mundial), y Angelini de la Celulosa Arauco (Aguilera, 2018).

De acuerdo al Centro de Documentación Mapuche. Documentation Center (Centro de Documentación Mapuche Documentation Center, s.f.), estas son las empresas en el territorio:

“Arauco, CMPC, Terranova-Masisa y Copihue constituyen los grandes grupos empresariales del sector forestal chileno. A continuación la identificación de alguna de ellas:

1] Terranova, su principal empresa es Forestal Millalemu, con un patrimonio forestal en Chile de 120.000 hectáreas distribuido entre la VIII y IX Regiones, con inversiones forestales además en USA, Brasil y Venezuela, controlada por el empresario billonario suizo Stefan Schmidheiny.

2] Empresas CMPC, su principal empresa en el sector forestal es Mininco, con un patrimonio forestal aproximado a las 500.000 hectáreas, concentradas en la VIII y IX Regiones. Con inversiones del sector además de Chile, en Uruguay, Argentina y Perú. Empresa controlada por la Familia Matte [Bernardo, Heliodoro y Patricia]. Mantiene además plantas de celulosa, de papeles y de remanufactura.

3] Empresas Arauco, sus empresas del sector son Bosques Arauco, Forestal Arauco, Forestal Cholguán, Forestal Celco, Forestal Alto Paraná. Y Bioforest en investigación En Chile su patrimonio forestal es de 906.033 hectáreas. Al año 2000.- Con inversiones del sector, en Argentina y Uruguay. Empresa controlada por la familia Angelini [Anacleto Angelini]. Mantiene también inversiones del sector en celulosa, papeles y paneles de construcción” (Centro de Documentación Mapuche Documentation Center, s.f.)

Del grupo de Angelini, en el año 2001, Sebastián Piñera, en ese entonces Senador y presidente de RN, fue parte del directorio ANTARCHILE.SA. Eugenio Ortega (DC), esposo de Carmen Frei, hermana del ex Presidente Eduardo Frei, obtenía remuneraciones siendo parte del directorio Bosque Arauco en los años 1990-2000. Además, Eugenio fue en ese momento parte del directorio de la Fundación Nacional para la superación de la pobreza y coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD.  Por otra parte, Juan Agustín Figueroa, ex Ministro de Agricultura (1990-1994) posee 1.800 hectáreas de la forestal Nancahue, sector en conflicto.  Otros casos son los siguientes:

Sigue y suma la lista de influencia de redes en el poder político, en el caso de los Matte [empresas CMPC]. Desde el punto de las líneas de parentesco, los Matte forman parte principal del tronco de las familias aristocráticas chilenas, ligados a la Derecha, pero también agrupan lazos con actores políticos del oficialismo actual. Patricia Matte fue cuñada del fallecido dirigente DC y ex ministro de la administración Frei Montalva, Claudio Orrego Vicuña, padre de quien fuera biministro de la vivienda y urbanismo, Claudio Orrego Larraín. Por el bloque PPD-PS, los Matte también han sabido mantener buenos contactos, siendo su principal enlace, gracias al grado de parentesco, Máximo Pacheco Matte [ex senador DC actual embajador]- [revista Qué pasa, abril 2000] (Centro de Documentación Mapuche Documentation Center, s.f.).

Por su parte, algunos empresarios han declarado su posición, la cual se manifiesta en: Desde la multigremial de La Araucanía (una entidad que promueve el desarrollo de negocios e inversión privada en la zona), señalaron que esperan que la medida «traiga paz a la región y evite nuevas agresiones, atentados y crímenes».

En la misma línea, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), José Miguel Stegmeier, indicó que es una «medida concreta y correcta” (BBC News Mundo, 2021).

Por otra parte, Álvaro Hofflinger es crítico de desarrollo industrial llevado por estas empresas, indicando que:

le permite externalizar el problema, pues es el Estado chileno, a través sus políticas, planes y programas, quien debe hacerse cargo de reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Así, la industria forestal capitaliza sus ganancias y socializa sus pérdidas, el negocio es muy conveniente (Huenchumil, 2021).

Hechos de mayor conflicto

Como se ha observado, el Presidente Piñera alude a la emocionalidad de familias y comunidades afectadas por estos actos titulados de violencia, de narcotráfico y de terrorismo. Sin embargo, ha habido molestias por el abandono de familias y comunidades. El alcalde de Carahue “acusa nulo apoyo a víctimas de ataque” (Ormeño, 2021).

Las autoridades no han llegado». De esa forma describió el alcalde de Carahue la falta de ayuda a las familias, entre ellos 15 menores, que resultaron afectados tras el ataque incendiario que destruyó 10 viviendas en el fundo Casablanca. El jefe comunal aseguró que las víctimas quedaron «en absoluto abandono» tras los hechos acontecidos hace tres días (Ormeño, 2021).

Por otra parte, La Corte Suprema en una inédita resolución fallo ordenando al Gobierno de proteger a víctimas de violencia rural (TVN, s.f.). Esto permite indicar que ha habido una ausencia en el apoyo a familias y comunidades por parte de la administración de Sebastián Piñera, la cual podría dejar vislumbrar una intencionalidad distinta al resguardo de “todos los chilenos”.

Por otra parte, en lo que respecta al Gobierno del presidente actual, van 60 menores fallecidos por balas perdidas, de los cuales 40 son de la Región Metropolitana. Entonces, parece una desproporción en lo que refiere a daños de vidas, familias y comunidades chilenas en términos comparativos. Un caso parecido fue el robo de una cartera en Las Condes, y los 5 asesinatos en Puente Alto, en donde el gobierno se centró en aquello, dejando de lado las muertes.  Respecto a los fallecidos por balas perdidas, la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro comenta:

El pasado 11 de septiembre, la joven de 18 años Yasna Yaupe murió mientras amamantaba a su hija de dos meses por una bala perdida que se coló en su habitación a través de una pared de madera.

Hace más de un año una bala entró por el techo de una vivienda y mató a Baltazar, un bebé, cuando dormía en brazos de su madre (Castedo, 2020).

Respecto al narcotráfico, la Región Metropolitana supera a las otras, incluso La Pintana, por nombrar una, supera a La Araucanía. Respecto a la tasa de homicidio por el narcotráfico en esta comuna, se indica que: “La tasa de homicidios en esta comuna es de 18,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de todo el país es de 3,3, según datos de 2020 del Centro de Estudios y Análisis del Delito” (Castedo, 2020).

Como se aprecia, los problemas de la Región Metropolitana, e incluso de La Pintana, supera en problemáticas de violencia y narcotráfico que La Araucanía.

Conclusiones

Hasta ahora hemos podido observar la rutinización del mensaje presidencial entorno a sucesos de conflictos catalogados de terroristas, violentos y narcotráfico en la zona sur de Chile.  Estos enunciados configuran un horizonte de sentido que permiten una transacción efectiva entre un problema y la solución, dando emergencia a elementos propicios a la misma, movilizando recursos diferenciados para llevar a cabo una particular solución de carácter militar. En este sentido, la justificación se vuelve ad hoc a las soluciones.

Otro elemento crucial resulta la idea de apelar a la emocionalidad como efectos de estos actos, en donde la idea de un daño generalizado vinculado al miedo, sobre todo en la palabra terrorismo, y la inseguridad de familias y chilenos, podrían intensificar los requerimientos necesario para hacer desplegar una acción con cierto grado de suficiencia legitimada por parte de una población.

Por otra parte, la objetivación de los sujetos no es particularizada, y si lo es, sólo ocurre por medio de los hechos de manera indirecta, puesto que un tipo de sujeto vehiculiza terrorismo, violencia y narcotráfico. En este contexto, la figura de los culpables es líquida. Esto permitiría deslegitimar hechos y no sujetos o tipos de causas, pues en la medida que no se reconozcan a estos, como el caso de los narcotraficantes no identificados, no habría posibilidad de legitimidad de un actor portador y movilizante de los sucesos, lo cual no permitiría entrar el conflicto a una zona donde se pueda controlar.

Si bien se ha revisado un mensaje de un actor, en este caso presidencial, podría ser fuente importante de creación del ambiente actual en la medida que se comprenda la figura del mismo en una forma de gobierno presidencialista. En relación con esto, proporcionar el marco posibilitador de las FFAA podría explicarse por la rutinización del discurso presidencial, limitando un campo propicio para el despliegue de estos mecanismos de resolución del conflicto.

Desde el punto de vista de las industrias forestales es posible constatar que la preocupación no gravita en el cuidado a terceros por estos hechos. Así lo demuestra el Fallo de la Corte Suprema y la demanda del alcalde de Carahue. Por otro lado, y siguiendo los datos expuesto, ha existido una relación política y empresarial fuerte en el sector. Esto antecedentes podrían indicar, bajo el marco de ausencia de ayuda a la población, que ha habido una política de maximización del mercado en este sector productivo, resguardando cierta capacidad de producción, y no ciertos elementos para la vida segura.

Desde un punto de vista de daños a terceros producto de la violencia y narcotráfico, los datos arrojan mayor problemática en la Región Metropolitana que La Araucanía. La Pintana, en cuanto a los homicidios es superior que todo el país en su promedio. Dichas alusiones permiten señalar que las problemáticas en La Pintana por narcotráfico y violencia son superiores que la región del sur. Esto instala un inconveniente, pues hace notar que la problemática en La Araucanía no es producto de estos hechos.

Es por todo esto, y con un cierto grado de suficiencia, resguardando las posibilidades de profundización del tema para tener un panorama completo, se puede indicar que las acciones Gubernamentales dirigidas por Sebastián Piñera son para el resguardo de la producción forestal y no por afecciones a terceros.

Bibliografía

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[1] La negrita es propia del documento extraído.

[2] Véase: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Manual_del_Investigador_Casen_en_Pandemia_2020.pdf